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Mainstreaming y Gobernanza

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Contextualización

En el actual contexto de crisis económica, de complejidad y proliferación de la administración y de creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, se hace necesario conocer en profundidad la acción gubernamental con fines de mejora. Por ello, no es suficiente un adecuado diseño de las estructuras y los procedimientos institucionales, sino que también hay que considerar los procesos reales y los resultados efectivos de las políticas públicas. Cuestiones como la modernización de la Administración, la eficacia en el logro de objetivos, la eficiencia económica y, fundamentalmente, la legitimidad democrática de los gobiernos se convierten en los ejes de la planificación y gestión pública.

Las políticas de igualdad de mujeres y hombres no pueden ser una excepción a este planteamiento. De hecho, el enfoque más reciente para promover la igualdad de mujeres y hombres en las políticas públicas es el mainstreaming de género, enfoque que asume que la integración de la perspectiva de género ha de ser una estrategia gradual, que se inserte en todas las fases del proceso completo de adopción de las decisiones públicas en las diversas áreas de actuación y que implique a todos los niveles, agentes y actores involucrados a lo largo del mismo. Este enfoque persigue precisamente que las políticas de igualdad tengan una incidencia real en la sociedad mediante el impacto coordinado de toda la actuación de los poderes públicos en el sentido de avanzar en la construcción de una sociedad igualitaria.

El mainstreaming fue un concepto propuesto inicialmente por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en 1987. Posteriormente fue asumido explícitamente como estrategia global dentro del marco del III Programa de Acción Comunitaria a medio plazo para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1991-1995). Sin embargo, se puede considerar que el mainstreaming irrumpe de forma definitiva en la agenda de la política internacional en 1995 mediante la Plataforma de Acción aprobada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas celebrada en Beijing, en la que se pide explícitamente a los gobiernos que incorporen la perspectiva de género en sus actuaciones.

El concepto de mainstreaming tiene diversas acepciones dependiendo de los elementos que se subrayen en la definición: puede entenderse como un enfoque que asume como principios fundamentales el reconocimiento y la consideración de las diferencias entre las condiciones de vida, las situaciones sociales, económicas y culturales y las necesidades de mujeres y hombres en todas las fases de la intervención pública, es decir, en la decisión, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en aras a conseguir la igualdad. A su vez, también puede entenderse como una estrategia que persigue la aplicación transversal de la igualdad en todos los ámbitos y en todas las etapas de las actuaciones de los poderes públicos. Esta estrategia se elabora mediante un proceso complejo que requiere la colaboración y el consenso de los diversos agentes institucionales y sociales implicados en la toma de decisiones, incluyendo la plena participación de las mujeres en la misma. Teniendo en cuenta estas consideraciones, el mainstreaming se ha definido de la siguiente manera:

La organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos de modo que la perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por todos los actores involucrados en la adopción de medidas políticas” (Consejo de Europa, 1998).

Así, el mainstreaming es a la vez un objetivo, la consecución de la igualdad de mujeres y hombres, y un instrumento de mejora en la toma de decisiones, es decir, debe ser entendido como un proceso político y como un procedimiento técnico.

Condiciones para el Mainstreaming

Hay una serie de condiciones generales que favorecen la integración de la perspectiva de género en la actividad de las instituciones públicas. Precisamente, el V Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en la CAE intenta potenciar este conjunto de requisitos posibilitando el marco óptimo para que las oportunidades de éxito de esta perspectiva sean amplias.

• Conocimiento y medida de la igualdad: el concepto de igualdad subyacente al enfoque transversal ha de consistir en una aproximación con un punto de partida holístico e integral, que interrelacione aspectos y áreas sociales y económicas diversas como la familia, el trabajo, la política, la cultura, la sexualidad, la violencia, etc. Para ello, es imprescindible contar con un conocimiento de la realidad social suficiente acerca de las relaciones entre géneros y de la situación real y condiciones sociales en las que viven mujeres y hombres. Uno de los pilares de la transversalidad es la consideración del impacto que tienen las políticas públicas sobre las personas, lo que exige la realización de investigaciones y análisis con relación a los diversos ámbitos sociales y la disponibilidad de estadísticas y datos fidedignos que recojan toda la información relevante.

• Incorporación a la agenda política en todas sus dimensiones: es fundamental que las instituciones públicas asuman un compromiso político explícito con la igualdad entre los sexos. Esto se traduce en la expresión clara por parte de las personas con responsabilidad política de la voluntad de eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad y del reconocimiento de la responsabilidad de los poderes públicos en ese proceso de transformación e implica, asimismo, que las políticas específicas de igualdad adopten paulatinamente una orientación más compleja.

• Inclusión y participación de las mujeres en la toma de decisiones: la transversalidad parte de la premisa de que la participación de las mujeres en todas las fases de la toma de decisiones públicas es una cuestión de suma relevancia. La participación se entiende como un requisito indispensable para garantizar que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Esta premisa apela a la necesaria reflexión acerca de la igualdad en la representación y la paridad en la presencia de mujeres y hombres en las instituciones y ámbitos de toma de decisión, en aplicación de la ley de igualdad

• Mecanismo de seguimiento y coordinación: el mainstreaming exige el diseño de procedimientos específicos en el proceso político de decisión así como de la ampliación en el abanico de actores implicados en el mismo. Por otro lado, el desarrollo de cualquier objetivo necesita una disponibilidad suficiente de recursos humanos y materiales para poder llevarlo a cabo. La existencia de recursos económicos supone que los presupuestos de las instituciones toman en consideración las políticas públicas en favor de la igualdad e introducen partidas específicas destinadas a tal fin. Los recursos humanos son los medios indispensables para poder implantar la perspectiva de género en todas las áreas de la actuación pública; en este sentido, se requiere un importante esfuerzo en el campo de la formación y capacitación del personal.

Valoración actual del Mainstreaming

Habiendo transcurrido más de una década desde el inicio de su puesta en práctica, es el momento de reflexionar sobre las formas de aplicación del mainstreaming. En esta línea, las preguntas fundamentales que debiéramos plantearnos son las siguientes: ¿Ha servido el mainstreaming para lograr una sociedad más igualitaria? ¿Ha hecho que las condiciones de vida de las mujeres mejoren? ¿Cómo se puede medir su grado de éxito o fracaso en cada caso concreto? Pero la pregunta previa sería, ¿cómo se ha entendido el mainstreaming? ¿Cómo una estrategia de transformación social? ¿Cómo un proceso de incorporación a la agenda política? ¿Cómo una herramienta de gestión burocrática?

En general, el mainstreaming ha sido definido y puesto en práctica como una herramienta por parte de los gobiernos. Desde este enfoque los elementos que configuran la estrategia del mainstreaming son la creación de estructuras específicas de impulso, el desarrollo de mecanismos de coordinación para su implantación, el conocimiento técnico, la producción de datos y estadísticas, la elaboración de procedimientos y manuales de trabajo, etc. La principal fortaleza de este modelo es su esperada efectividad en el sentido de que produce conocimiento profundo y concreto acerca de cada contexto social demostrando que la igualdad es positiva tanto para las mujeres como para los hombres, contribuye a construir sociedades más justas, mejora la productividad y el crecimiento económico, permite el desarrollo de todo el potencial de las personas y es útil para producir una mejor gestión de las instituciones, en definitiva, para conseguir un buen gobierno de los asuntos públicos.

La eficiencia y la eficacia o la capacidad de conseguir resultados en programas o políticas, requiere que la población objetivo esté perfectamente delimitada y se conozcan las características diferenciales entre mujeres y hombres a la hora del diseño y la implementación de los mismos. Cuando se habla de Gobernanza y de integrar diversas inquietudes e intereses, conviene recordar que las mujeres y sus prioridades no constituyen el colectivo y los intereses de una minoría, sino los de una mayoría legítima y silenciada que busca emanciparse de los actuales modelos de desarrollo y crecimiento limitantes.

Desde esta óptica el mainstreaming conecta directamente con la idea de la gobernanza, un concepto de utilización creciente para designar la eficacia, la calidad y la buena orientación de la intervención de los poderes públicos, que proporciona a estos la base de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar”. El concepto de gobernanza se centra en la toma de decisiones y el proceso posterior por el que las decisiones son implementadas, es decir, los distintos mecanismos que la administración pone en marcha para asegurar el buen gobierno en materia de políticas de igualdad.

El V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE incluye por ese motivo este primer apartado dedicado a la mejora de la gobernanza a favor de la igualdad, con el objeto de recoger los aspectos básicos orientados a la materialización del mainstreaming, en base al cumplimiento y desarrollo de la Ley 4/2005, del 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

La Ley 4/2005 promulga dentro de sus principios generales la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones que lleven a cabo los poderes públicos, a fin de conseguir la eliminación de las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres (artículo 3). A efectos de esta Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género “la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación”.

Para ello, en el título II de la Ley 4/2005 se establecen diversas medidas para la integración de la perspectiva de género en la actuación de los poderes y las administraciones públicas vascas: en el capitulo II se establecen disposiciones con el objetivo de garantizar la integración de modo efectivo en las estadísticas y estudios; en el capítulo III se regula la capacitación del personal de la administración en materia de igualdad, a fin de garantizar un conocimiento práctico suficiente que permita la integración de la perspectiva de género en la práctica administrativa; en el capítulo IV, la Ley recoge medidas para promover la igualdad en la actividad normativa y administrativa, como la evaluación previa del impacto de género, la obligatoriedad de que los poderes públicos hagan un uso no sexista del lenguaje, la consideración de la perspectiva de género como uno de los criterios de valoración en la concesión de subvenciones y en la contratación y la realización de procesos selectivos no discriminatorios.

 


     

Compromiso con las personas